miércoles, 16 de enero de 2019

Hacienda rastreará mil municipios con drones para hallar obras ilegales


OJOS DE MOYA | Montero sigue con el plan que arrancó Montoro, que de 2013 a 2018 regularizó más de tres millones de piscinas y construcciones fraudulentas
Pese al cambio de Gobierno, la lucha contra el fraude prosigue por todos los medios: incluso por el aire. El Ministerio de Hacienda peinará mil municipios en 2019 mediante fotos por satélite, empleados del Catastro y drones para encontrar construcciones no declaradas: desde piscinas ilegales, ampliaciones de inmuebles, garajes, terrazas o jardines.

Tal como informa el diario ABC, así lo recogen los Presupuestos Generales para 2019, si bien el procedimiento no es nuevo: lo arrancó el anterior equipo de Cristóbal Montoro en 2013 encontrando desde entonces más de tres millones de inmuebles ilegales en todo el territorio, describen fuentes del Ministerio de Hacienda.
Ahora la Dirección General del Catastro, bajo la batuta del departamento dirigido por María Jesús Montero, continuará este rastreo. Hacienda dictó el año pasado una norma para poder realizar procedimientos de regularización de este tipo sin tener que aprobarlos previamente, actuando de oficio y sin publicar los municipios afectados como hasta ahora. Al ser la primera vez que el nuevo equipo se adentra en estas lindes, los mil municipios presupuestados -un 13,2% del total- son una estimación basada en la media de los últimos años. En 2017 por ejemplo se procedió a inspeccionar a 1.272 localidades, mismo número que en 2018. Este año se dedican 1.474 efectivos, un 6,3% más que en 2018.
Como apuntan desde Hacienda, con el procedimiento anterior cerrado y habiendo inspeccionado 7.603 localidades -todas las de las regiones de régimen común, ya que País Vasco y Navarra como comunidades forales quedan fuera del escrutinio de Hacienda-, muchos de los municipios incluidos en 2019 habían solicitado la regularización al haber detectado «nuevas urbanizaciones u obras sospechosas», apuntan estas fuentes. El incentivo que tienen los consistorios para pedir al Catastro que intervenga es que así elevan sus ingresos en impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI) o el del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como «plusvalía municipal»). Al aumentar los metros cuadrados declarados, se incrementa la cuota a pagar al Fisco en estos tributos.
Desde 2013, se han encontrado todo tipo de ilegalidades. El Catastro ha inspeccionado, bien con mapas, con personal en el terreno o con drones más de 76,84 millones de inmuebles, lo que arroja un índice de fraude del 4% entre los más de 3 millones de inmuebles regularizados. 
De toda esta operación de registro inmobiliario posburbuja, Hacienda ha encontrado sobre todo nuevas construcciones no declaradas (con 1,13 millones, un 37,2% del total), así como ampliaciones y rehabilitaciones ilegales (1,1 millones, un 36,3%), reformas (656.622, un 21,6%) y 147.999 piscinas ilícitas (un 4,9%)